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12133 - Política y militarización de los temas de seguridad en Brasil

Hay un debate intenso en la literatura de estudios estratégicos y relaciones internacionales alrededor de los temas de seguridad y defensa. En general, los autores del campo de los estudios estratégicos entienden por seguridad la situación buscada por el Estado en la cual su soberanía − traducida en capacidad de gobierno sobre su población y territorio − esté garantizada. Por su parte, defensa sería el conjunto de medidas, especialmente militares, destinadas a proteger el Estado – y su seguridad – frente ataques externos. La dimensión de la seguridad, sin embargo, tendría un doble filo: uno sería hacía el exterior − la defensa − y otro es interno, llamado de orden público, donde el Estado trabaja para mantener el monopolio de la coerción física y el poder de aplicación de la ley (law enforcement).
El Estado, para proteger su seguridad y continuidad como ente soberano, debe entonces definir sus políticas de defensa y seguridad pública. La defensa es responsabilidad de las fuerzas armadas y la seguridad pública, función de las policías nacionales. Las constituciones democráticas suelen reservar a las fuerzas armadas la competencia para actuar excepcionalmente en el interior del país en casos de grave amenaza al orden político, como sublevaciones armadas y guerras civiles. Esa definición de los roles de las fuerzas de coerción física del Estado es considerada de gran importancia frente al pasado reciente de dictaduras militares en Latinoamérica, cuando en muchos países las fuerzas armadas asumieron funciones políticas y actuaron conjuntamente con las policías para sostener regímenes autoritarios.   
  Sin embargo, el problema de la actuación de las fuerzas armadas queda aún más delicado cuando se mezcla a cuestiones de seguridad pública. En países como Brasil, México y Colombia, donde los niveles de violencia criminal crecen, surgen voces conservadoras en las distintas capas sociales que claman por “más seguridad” entendida como una mayor represión al crimen. Esos clamores han alimentado, por ejemplo, el endurecimiento de leyes penales y la entrada en América Latina de la política de tolerancia cero, iniciada en los Estados Unidos en los años 1980. Parte de esos clamores pide que las fuerzas armadas sean llamadas a ayudar las policías en su tarea de combatir el crimen y mantener el orden público. Ejemplos como la presencia de las fuerzas armadas en Río de Janeiro durante el Encuentro de la ONU sobre Medio Ambiente, en 1992, son acordados como prueba de la eficacia militar para enfrentar situaciones de “guerra urbana” contra el llamado “crimen organizado”.
Emerge, entonces, la discusión sobre la amplitud del “crimen organizado” con su característica de no respetar fronteras nacionales. El problema del combate a redes narcotraficantes o de tráfico de armas mezclaría, de tal modo, problemas de seguridad pública con vectores transnacionales de criminalidad. Así, quedaría más complicado distinguir los dos lados – interno y externo − de los temas de seguridad. La capacidad de fuego de bandas narcotraficantes en las favelas de Río, por ejemplo, refuerzan los argumentos de quienes consideran necesaria la militarización de la seguridad pública.
Esta ponencia buscará estudiar el tema de la militarización de la seguridad pública en Brasil, frente al desafío de lidiar con el rol de las fuerzas armadas, usando el recurso de la comparación con los casos de Colombia (y su política de seguridad democrática) y México (con la militarización del combate al narcotráfico con la Iniciativa Mérida).

Palabras claves: Relaciones cívico-militare, seguridad publica, seguridad democrática

Autores: Rodrigues, Thiago (Universidad Federal Fluminense (UFF), Brasil / Brasilien)

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