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6210 - La participación en conflictos socioambientales: la paradoja institucional colombiana

El modelo económico global tiene como uno de sus pilares el aprovechamiento de las “ventajas competitivas” que se poseen para posicionarse exitosamente en el comercio exterior. Colombia parece seguir esa directriz y apostarle a una economía minera y agrícola – exportadora, sustentada en una expansión y mejoramiento de su infraestructura que le permita lograr ese objetivo. Sin embargo, la implementación de esta política no ha sido pacífica, generándose múltiples conflictos socioambientales entre actores heterogéneos. Tradicionalmente, esa pluralidad de sectores implicados se expresa en la dicotomía entre empresas que buscan desarrollar esos proyectos económicos y de infraestructura que los estados nacionales y los organismos internacionales auspician y las comunidades que habitan esos espacios donde tales obras se piensan realizar. No obstante, el cuadro es más complejo. Las comunidades afectadas están compuestas por variados grupos con concepciones e intereses diferentes que determinan sus condiciones en el escenario y las posibilidades de unión o enfrentamiento tanto con las empresas o el Estado como con los otros sectores implicados.      

En este campo de batalla, el derecho y sus operadores han jugado un papel fundamental en la posición que cada una de esas comunidades afectadas o sus miembros tienen en los campos que conforman el espacio social. La consagración legal de diferentes regímenes de participación, diferenciados, principalmente, por un componente étnico, construido muchas veces por propios y extraños en términos tradicionales, y por una valoración de la afectación y el desarrollo que responde a los mismos cánones, ha llevado a un discurso fragmentado y esencialista que termina generando dinámicas de exclusión.      

Así, en los sistemas institucionales es posible distinguir dos vías de participación tanto en la creación legal como en la arena judicial. La primera esta dirigida hacia aquellos actores capaces de movilizar lo “étnico” (indígenas o pueblos tribales), otorgándoles mecanismos reforzados de protección (la consulta previa o el consentimiento libre previo e informado) que permiten mayor intervención de la comunidad en las decisiones que pueden afectar su entorno ambiental y social. Por otro lado, los demás actores que no son conscientes, no desean o no pueden movilizar una identidad “étnica” aceptada por los cánones tradicionales tienen las vías generales de participación que los aires de la democracia participativa han dejado en la normatividad contemporánea. Estos canales no cuentan con los alcances ni las garras que la consulta previa o el consentimiento libre, previo e informado poseen.      

Los efectos adversos de este sistema participativo para comunidades no étnicas se ven reflejados en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo de alto impacto en territorio colombiano. Junto a una protección más lenta y menos garantista, aparecen procesos forzosos de reemergencia étnica, fragmentación interna y externa de las comunidades afectadas, una utilización del discurso medioambiental para proteger sus derechos, la condena o criminalización del uso de mecanismos informales de participación… en suma, un trato diferencial y, hasta cierto punto, discriminatorio.     

Dentro de este panorama, nuestra ponencia busca analizar la construcción desigual que del concepto de participación ha hecho el derecho en Colombia y que parece atender principalmente a la identidad de los actores “subalternos” implicados en conflictos medioambientales, la movilización étnica

Palabras claves: Mecanismos de participación, etnicidad, otredad, conflictos socioambientales

Autores: Hillón, Yulieth (Univesidad EAFIT, Colombia / Kolumbien)

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